domingo, 27 de julio de 2008

Está prófugo.


El represor Julián “Laucha” Corres huyó de prisión

Julián Oscar Corres
Integraba la agrupación RIM 3, dirigida por el Coronel Adel Viras y formada para ejercer la represión ilegal en Bahía Blanca. Era el que aplicaba la picana eléctrica en el centro clandestino de detención "La Escuelita". Se sopecha que en 1976, a los 24 años, se habría infiltrado en organizaciones estudiantiles universitarias para informar sus actividades a los grupos de inteligencia.
Está prófugo.

Era el militar que administraba la picana eléctrica en un centro clandestino de Bahía Blanca. Denuncian "complicidad policial".
El teniente coronel retirado Julián Corres, represor del centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca y administrador de la picana eléctrica bajo el alias “Laucha”, se escapó de la delegación local de la Policía Federal antes de ser sentenciado por delitos de lesa humanidad.
A las seis de la mañana, Corres pidió a la custoria ir al baño y “desapareció”, según informó el Fiscal Federal Hugo Omar Cañón a la producción del programa La Brújula Radio, de Bahía Blanca. La periodista Sandra Crucianelli, del Canal 7 zonal, señaló que hay dos versiones: "Se fue por los techos o por la puerta del frente, porque no estaba el guardia", dijo.
Los medios locales informaron que hay preocupación en la fiscalía a cargo, y proponen divulgar la cara del prófugo para que no se le preste ayuda. El jefe de la Policía Federal se encontraba de licencia y se reincorporaba hoy a sus tareas.
Desde Observaciones Judiciales, rastrearon algunos llamados telefónicos que Corres, de 56 años, habría hecho ayer, los cuales habrían posibilitado su fuga.
Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca y ex detenido durante la última dictadura en La Escuelita, afirmó que hubo "responsabilidad de la Policía" en la fuga.
Escurridizo y perverso, según relataron unos veinte testigos que reconocieron haber sido sometidos a sus torturas, durante un año y medio el represor había conseguido burlar a la Justicia, hasta que Interpol lo atrapó en abril pasado cuando salía de una oficina en el microcentro porteño.
También se intenta establecer la responsabilidad de los efectivos a cargo de la custodia y si se trata de un hecho de negligencia o desde dentro de la Policía se facilitó su escape.

sábado, 26 de julio de 2008

PERPETUA Y CARCEL COMUN PARA EL GENOCIDA MENÉNDEZ


LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA

El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército deberá cumplir prisión perpetua por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a cuatro militantes del PRT que estuvieron cautivos en La Perla. Hubo festejos dentro y fuera del tribunal.

Luciano Benjamín Menéndez durmió anoche como un preso más en la cárcel de Bower, en las afueras de su querida Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 condenó a uno de los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino, junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. Siete de sus subordinados en el Cuerpo III de Ejército que, como miembros del Destacamento de Inteligencia 141 operaron en el centro clandestino La Perla, también fueron condenados a pasar el resto de sus días en una prisión común y corriente, como cualquier hijo de vecino.

Cuando el juez Jaime Díaz Gavier terminó de leer la sentencia, alguien gritó “¡Por fin justicia!”. Hubo un aplauso cerrado y luego silencio. En la calle la emoción se transformó en llantos, gritos, cantos y abrazos.

El clima que se vivió ayer en los tribunales cordobeses es difícil de sobredimensionar. En la calle, pleno parque Sarmiento, miles de personas, amplia mayoría sub-25, hicieron el aguante desde la mañana, cuando los jueces citaron a los imputados para escuchar sus últimas palabras (ver aparte). En el salón de usos múltiples, que tiene 160 butacas, ingresaron no menos de trescientas personas. Sin embargo, la organización nunca se vio desbordada. Los imputados ingresaron a paso lento y no recibieron un solo insulto. Nadie molestó a sus familiares que presenciaron la audiencia. Los reporteros gráficos pudieron cumplir con su trabajo. Los represores agradecieron por el esfuerzo a sus defensores oficiales y al tribunal por haber conservado el orden durante los dos meses de audiencias. El sargento primero retirado Carlos Alberto Díaz, incluso, se dio el lujo de levantar los brazos con sus dedos en V frente a la multitud que celebraba el fallo.

Menéndez & Cía. fueron condenados por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Según declararon los sobrevivientes de La Perla, los miembros del grupo de “operativos especiales” (OP3) del Destacamento los torturaron sin piedad durante un mes. En la madrugada del 15 de diciembre los sacaron para matarlos en un “operativo ventilador”, como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que simulaban enfrentamientos. No dejaron detalles librado al azar: eligieron la esquina que mejor los representaba: Sagrada Familia y Ejército Argentino. Los militantes del PRT fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente. Hasta el momento sólo Hilda Palacios fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Para que nadie quedara fuera de la sala, la lectura de la sentencia comenzó media hora después de lo previsto. En las primeras filas se ubicaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. En las últimas, los H.I.J.O.S. con los suyos. Luego llegaron el gobernador Juan Schiaretti, la diputada y nieta recuperada Victoria Donda y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezados por su titular Luis Duhalde. Los representantes de organismos que debieron elegir sólo una cara visible para ingresar a la sala (Estela Carlotto, por Abuelas; Marta Vázquez, por Madres Línea Fundadora; Laura Conte, por el Centro de Estudios Legales y Sociales).

La mayor fiesta se vivió en la calle. Con sol radiante y abundantes choripanes, hasta los perros bailaban al ritmo que imponía el Movimiento Nacional de Murgas. “Olé olé/olé olá/ los subversivos cada día somos más”, celebraban. Detrás de decenas de banderas de organizaciones sociales, gremios y partidos sobresalían cientos de fotos con rostros de víctimas del terrorismo de Estado. Por los altoparlantes la voz de María Angélica Olcese de Moller, Queca para la historia, que murió la noche previa a la sentencia, recordaba el pánico de las primeras vueltas a la Plaza de Mayo y la fundación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, que la tuvo en primera fila.

A las cinco en punto ingresaron los imputados. No volaba una mosca. Igual que el primer día, una cinta negra cubría la escarapela de la solapa del saco de Menéndez, de luto por el fin de su impunidad. Los abogados de H.I.J.O.S. adornaron sus pupitres con las fotos de sus seres queridos. Martín Fresneda con la de sus padres caídos, Tomás y Mercedes Argañaraz, con la abuela Otilia, que los crió con infinito amor. Claudio Orosz con la de sus ex compañeros del colegio Manuel Belgrano: Pablo Schmucler, Claudio Román y Gustavo Torres, todos desaparecidos.

Fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron a los militares y se fueron. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que también integran José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, anunció

martes, 22 de julio de 2008

24 de julio tribunales de cordoba

Convocamos a todos a la puerta de los Tribunales.


24/7: TOD@S A LOS TRIBUNALES DE CÓRDOBA

El jueves 24 será el último día del juicio. A las 9:30 los imputados podrán tener uso a la "última palabra". Por la tarde se leerá la sentencia.
Convocamos a todos a la puerta de los Tribunales.

www.eldiariodeljuicio.com.ar
MENÉNDEZ
Luciano Benjamín, alias “Cachorro”, matricula de identidad 4.777.189, nació el 19 de junio de 1927 en San Martín Provincia de Buenos Aires, hijo de José Maria y de Carolina Sánchez Mendoza, estado civil casado, de profesión militar pasó a retiro con el grado de General de División. Cumple su arresto en su casa ubicada en la calle Ilolay Nº 3269, del barrio Bajo Palermo en la ciudad de Córdoba. Actualmente tiene 81 años.


Fue el comandante del 3º Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. Esta repartición tuvo epicentro en Córdoba, pero abarcaba a 10 provincias del Noroeste y Cuyo: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Por lo tanto, mientras estuvo al mando del 3º Cuerpo, Menéndez fue el máximo responsable de todas las violaciones a los DDHH en estas jurisdicciones y de la existencia de todos los centros clandestinos.
En la actualidad centenares de causas lo imputan dado a que bajo sus órdenes actuó todo el aparato represivo de estas 10 provincias.
Dentro de la provincia de Córdoba, denominada por los militares área “311”, la autoridad de este represor cobraba aun más protagonismo. Según consta en los legajos de inteligencia incautados por la justicia, el propio Menéndez presidía la denominada “Comunidad Informativa” en donde confluían autoridades de las Fuerzas Armadas, Policía Provincial, Policía Federal y SIDE.
Si bien no fue él en persona el autor material de todas las torturas y asesinatos, sin su intervención los mismos no habrían acaecido, era quien dirigía y daba las instrucciones para el funcionamiento de toda el Área 311, estableciendo los objetivos, suministrando los medios y evaluando la conducta de sus subordinados.
Junto a sus seguidores conformó la “Organización Nacionalista” o “Partido Militar” de expreso corte fascista que criticaban al sector de Videla por “blando”.
En ocasión de una conferencia en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas se explayó sobre la estructura y el proyecto político de las FFAA donde manifestó que “por suerte las Fuerzas Armadas sanmartinianas habían exterminado a la población indígena y que de esta manera se crea una Argentina blanca y culta”. En el mismo sentido dijo que aplaudía el histórico accionar de las Fuerzas Armadas con respecto a no permitir que en nuestro país entraran inmigrantes de raza negra, lo cual evitó que se reprodujeran, de lo contrario la Argentina sería como Brasil o Uruguay.
Durante la dictadura una de sus políticas emblemáticas fue el llamado “Pacto de Sangre”. Era, según los oficiales de “La Perla”, una invención genial de la que estaban admirados y agradecidos. Consistía en hacer participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales de las unidades regulares para que, en una posible futura etapa, no “se dieran vuelta” y decidieran declarar contra Menéndez y los oficiales del Destacamento. Todos debían estar “manchados de sangre”.
A partir de febrero de 1977 los asesinatos de secuestrados en “La Perla” comenzaron a racionalizarse, fusilándose de a tres por día, con el objetivo de que alcanzaran los secuestrados para todo el personal militar.
Participaba de algunos operativos y en todos los casos sustraía el “botín” para él. En “El Castillo”, casa situada en el Barrio Villa Cabrera de Córdoba, donde el 9 de marzo de 1977 murieron 7 militantes, Menéndez se llevó para él una valija llena de dólares, generando resentimiento en el resto de la tropa que no tuvo “recompensa”.
Las veces que participaba, permanecía resguardado detrás de algún vehículo y miraba a través de un espejo que sostenía en la mano, para no ser alcanzado por los disparos.
Con el retorno democrático las causas en su contra comenzaron a multiplicarse. La impunidad de la Ley de Obediencia Debida no le correspondía a los altos mandos y rápidamente acumuló centenas de causas. En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de muerte y 4 sustracciones de menores.
Recibió la protección de la Corte Suprema de Justicia que lo desprocesó en algunas de esas causas invocando la Ley de Punto Final pero quedaron algunos procesos pendientes que conducirían, en 1990, a la elevación a juicio donde él era imputado. Fue entonces, pocos días antes del comienzo de las audiencias, que el presidente Menem lo indultó. Fue el único caso en que se aplicó un indulto a una persona que aun no tenía condena. En este caso el perdón presidencial no respetó la constitución que indica claramente que la figura del indulto sólo puede aplicarla el presidente a una persona condenada. Así se garantizó la impunidad por más de una década.