lunes, 11 de agosto de 2008

Son niños esclavizados


SIN FERIADO EN EL DIA DEL NIÑO

Tienen entre dos y catorce años y se los ve recogiendo huevos, ahogados por el guano que tapiza los suelos de galpones con miles de gallinas. Y cientos de moscas en sus cuerpos. Son niños esclavizados, obligados a realizar tareas en estancias de la empresa avícola Nuestra Huella S.A., en Pilar, pese a una denuncia y un allanamiento realizados a mediados de abril. Desde entonces, la situación “mejoró un poco”, cuenta el denunciante Oscar Ortuño Taboada, de 28 años, boliviano: pasaron de ganar 800 pesos a 1300 por familia. El Día del Niño, la cooperativa de costureros La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos hicieron una cámara oculta y para ello entraron a las estancias disfrazados de scouts. PáginaI12 también se puso el uniforme y recorrió el interior de varias de las 38 granjas que tiene la empresa, para comprobar que los niños aún siguen trabajando en condiciones paupérrimas, el Día del Niño y el resto de los días.

Según las denuncias de las familias, todo esto sucede gracias a una ley de la dictadura: el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 con las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, que no fija límites para el trabajo diario en el campo. Una ley que fue avalada por las entidades del campo, que votaron en contra de la jornada de ocho horas y favor del trabajo “de sol a sol”, según evidencia una recopilación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Uno de los casos paradigmáticos es la finca Fernández, ubicada en la Panamericana, a la altura del kilómetro 56, lindante al country Estancias del Pilar. Allí, siguen trabajando al menos 11 chicos de 2 a 13 años en un galpón repleto de excrementos de gallinas y con ejércitos de moscas revoloteando alrededor de ellos. Algunos descalzos y otros con zapatillas destrozadas, recolectan huevos. Uno de los pequeños, al que las moscas trataban de introducirse por su boca, cumplía 4 años el sábado. El nene, que aparece en la grabación, dice que su papá no tiene plata y por eso lo ayuda juntando huevos con su carretilla. En la zona donde trabajan y respiran los chicos se disemina insecticida para combatir a las moscas.

“El tres de marzo realizamos una denuncia en la Delegación Pilar del Ministerio de Trabajo de la Nación para que realicen inspecciones en las estancias de la zona y nunca el titular de la delegación, Guillermo Lindoso, realizó una”, denunciaron en diálogo con este diario Rodolfo García y Pablo Sernani, abogados del denunciante.

El Día del Niño, PáginaI12 entró a tres estancias, Lima III y IV y otra no identificada en Capilla del Señor. “El objetivo principal es encontrar menores de edad trabajando”, dice Gustavo Vera, de La Alameda. La cámara tiene el tamaño de un walkman y el lente que filma simula un botón negro que se pone en el ojal de la chomba de unos de los scouts de la cooperativa. Graba hasta dos horas.

La estancia Lima IV está ubicada en Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires, en el kilómetro 100 de la Ruta Nacional 9. En ese predio, propiedad de Nuestra Huella S.A., trabaja una familia paraguaya. “Mi hija fue al hospital, parió y tuvo que volver a trabajar”, dijo una mujer, de unos 50 años.

En esa finca, hay tres galpones donde se crían gallinas. Los pequeñísimos Leticia, de 3, y Oscar, de 2, “ayudan a la familia juntando huevos”, confió la abuela de los nenes. Dentro de una de las naves, un insoportable olor a pudrición y excrementos inunda el galpón, de unos 100 metros de largo por 20 de ancho. Allí, los pequeños sub-4 recogen huevos todos los días, en medio de la caca de miles de gallinas y cientos de moscas, con el peligro latente de ser mordidos (devorados) por roedores del tamaño de perros bulldog.

Paralela a esa granja, en Lima III, también propiedad de Nuestra Huella, trabajan tres chicos sub-11: Santiago, de 10, Martín, de 6, y Maximiliano, de 5. Los hermanos recogen huevos, pese a los picoteos y rasguños de las gallinas. “Santi les tiene miedo a las gallinas, porque lo picotean”, cuenta Maximiliano. Su madre dice que Santiago trabaja porque “tiene que ayudar a la familia”, pero señala que los más pequeños no trabajan. Los nenes la contradicen. Y la página web de Nuestra Huella asegura que los huevos se producen “bajo controles de calidad que llevan a tener una producción con los más altos estándares”.

La denuncia

El 16 de abril pasado, la Justicia descubrió que alrededor de 30 personas, entre ellas 20 niños, trabajaban “en situación de servidumbre y bajo condiciones insalubres” en la granja Mimosa III, en la localidad de Capilla del Señor, que no casualmente también es propiedad de Nuestra Huella. La situación se descubrió tras una denuncia realizada por Taboada y La Alameda en el Juzgado de Garantías de San Isidro.

Durante el allanamiento, el fiscal de Zárate-Campana Juan Maraggi confirmó que la proveedora de huevos “electrificaba el perímetro por la noche” para que nadie saliera ni entrara; que en cada galpón trabajaba “de 7 a 21 todo un grupo familiar, incluso niños de cinco a diez años”, y que cada familia –siete en total– cobraba 800 pesos.

El predio de la empresa Nuestra Huella está ubicado en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, en el departamento de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. En ese enclave, se encontraron siete naves de gallinas ponedoras, que eran cuidadas cada una por una familia, que cobraba un monto de 800 pesos por mes. “Viven en condiciones infrahumanas de higiene y alimentación, obligándolos a trabajar a todos los integrantes del núcleo familiar, inclusive a los menores, siendo el único remunerado el jefe de la familia”, según describe el expediente.

“En los siguientes controles que realizamos encontramos que más personas trabajaban en las galpones, eso demuestra que había trabajo infantil”, consideró en diálogo con este diario el fiscal Maraggi. La causa se encuentra en el Juzgado de Garantías 2 de San Isidro.

Los esclavos

Taboada, su esposa Elsa Solís (30) y sus hijos Alvaro (14) Danithza (13), Noelia (8), Valeria (6), Rodrigo (3) y Melani (2) trabajaban en condiciones de esclavitud en la granja la Mimosa III. “Yo, a la mañana, tenía que mantener seco el guano y a la tarde juntar los huevos y, además, fumigar el galpón”, denunció el jefe de la familia ante PáginaI12. La familia pudo tener otro integrante, pero Elsa perdió un embarazo de seis meses el año pasado, como consecuencia de la nociva cotidianidad. “Tenía una pérdida y me sentía muy mal y no me dejaron salir de la granja para ir al hospital y recién cuando estaba medio muerta me llevaron al médico”, se conmovió la mujer.

En esa nave, los trabajadores cumplían tareas de lunes a domingo, sin descanso, por lo que los más pequeños tampoco tenían la posibilidad de estudiar. “Como no me alcanzaba el tiempo para hacer todo, la capataz Viviana Vallejos me retaba y cagaba a pedos y me decía que me ayuden mi señora y mis hijos”, agregó el hombre, quien realizó la denuncia contra la empresa. “Los chiquitos trabajan porque no alcanza el tiempo para terminar con todo el trabajo”, se lamentó su mujer.

Así, los chicos trabajan de lunes a domingo. “Los que van a la mañana a la escuela trabajan de tarde, y los que van a la tarde al colegio laburan a la mañana, porque si ellos no trabajan no se llega a cumplir con la producción que exigen”, explicó Elsa, embarazada de seis meses. Ellos recolectaban, entre otras tareas, 18 mil huevos por día. Por el momento, Oscar está lesionado y por un amparo judicial no trabaja en la estancia.

Sus colegas trabajan en condiciones insalubres y viven hace casi dos años en la granja, en casillas precarias a las que se ven confinados. Allí, hasta el allanamiento, había un perímetro electrificado con 220 voltios, por lo cual era imposible salir de ese lugar. Tampoco podían ir a un centro de salud. “Cuando nos enfermábamos no nos dejaban ir al hospital y nos daban una bolsita de pastillas de colores en la oficina de la capataz”, relató el hombre. “Cuando tomás esas pastillas no tenés hambre ni sueño y seguís trabajando”, notó Oscar. Las pericias aún no determinaron qué tipo de medicamento o sustancia eran.

En algunas casillas, las camas son maples de cartones de huevo, acumulados uno sobre otro, y los muebles son jaulas de gallinas. A partir del allanamiento, fueron reparadas algunas viviendas que no contaban con ventanas ni ventilación, puertas internas o baño. Pero siguen teniendo frágiles instalaciones eléctricas y agua contaminada, describen. “Al agua le ponen un químico, que te quema la piel cuando lo tocás, para que no se tapen las caños de las tuberías de los bebederos de la gallinas”, revela Oscar.

Tras la denuncia realizada por Taboada, los trabajadores poseen documentación en regla, protección sanitaria y social, pero las condiciones de servidumbre persisten. “Se los blanqueó, pero ante la falta de control se mantienen las condiciones infrahumanas de trabajo en las granjas”, advirtió Sernani.

El Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 con las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, no fija límites para el trabajo diario en el campo. Las entidades de la Mesa de Enlace votaron en contra de la jornada de ocho horas y a favor del trabajo “de sol a sol”, según lo evidencia de una recopilación de resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, el ente que regula el trabajo en el campo y que integran empleados, empresarios y el Estado. En dicha recopilación, publicada por PáginaI12, figura la oposición sistemática de las cuatro cámaras rurales a distintos avances en materia de derechos laborales.

El matón y el Bonaerense

Sergio Daniel Núñez es sindicado como “el matón” por los trabajadores. Comunicado con un walkie talkie, recorre todas las estancias de la empresa avícola. “El siempre trata mal y amenaza a la gente”, denuncia Elsa. Era el encargado de electrificar el perímetro. “No tiene peligros para las personas, ya que solamente da una picana tipo cosquilleo”, declaró ante la Justicia, según consta en el expediente de la causa. El matón mantiene una férrea disciplina en los galpones para cumplir la producción exigida por la empresa rural. “Cuando los contratan, las mujeres los tienen que ayudar y se le paga un plus a fin de mes, pero los menores trabajan porque sus padres se lo solicitan”, argumentó Núñez.

Por su parte, el subteniente Carbonel del Destacamento Policial de Zelaya, partido de Pilar, custodia las oficinas de Nuestra Huella, en Pilar. “Una vez faltaban huevos en la granja y vino Carbonel y nos decía, mostrándonos su pistola, que nos iba a fajar si nos veía robando un huevo”, revela Elsa.

Informe: Esteban Vera.: fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-109457-2008-08-11.html

viernes, 8 de agosto de 2008

GENOCIDAS AL BANQUILLO



GENOCIDAS AL BANQUILLO
Hoy se retomó en Tucumán el Juicio a los genocidas LUCIANO BENJAMÍN MENÉNDEZ y ANTONIO BUSSI, acusados por el secuestro y desaparición de Guillermo Villegas Aignasse, ocurrido el 24 de marzo de 1976.

Se trata del primer Juicio Oral y Público por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Bussi y Menéndez son juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Feredal de San Miguel de Tucumán, conformado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi.

Menéndez está imputado en esta causa en su calidad de ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, la zona que comprendía a Córdoba, Tucumán y otras ocho provincias argentinas.
Menéndez, que es alojado en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.

Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.

Tras la vuelta de la democracia, Bussi fundó Fuerza Republicana, partido por el que fue elegido gobernador (1995-1999) e intendente de la capital tucumana -entre otros cargos- en junio de 2003, pero no pudo asumir, porque 15 días antes de la fecha prevista fue detenido por la causa "Vargas Aignasse", por la que se lo está juzgando.

"Menéndez era el inmediato superior de Bussi. De todas las personas que quedaban privadas de su libertad, inmediatamente tomaba conocimiento Menéndez. Las decisiones de estrategia política partían de su cabeza y de su mando. Menéndez tenía pleno conocimiento de lo que ocurría en Tucumán", dijo Gerónimo Vargas Aignasse, hijo de la víctima y hoy diputado nacional por el Frente para la Victoria.

"Obviamente que tiene una responsabilidad inmediata. Como familia hicimos ingentes esfuerzos ante los jefes militares para que nuestro padre apareciera y fuimos perseguidos. Menéndez es corresponsable sin duda alguna", agregó.

LOS JUZGA UN TRIBUNAL. LOS CONDENAMOS TODOS.

martes, 5 de agosto de 2008

Los encontramos a ellos buscándolos a todos



El caso Trotta -Castelli

María Teresa Trotta nació el 14 de julio de 1950 en la provincia de Buenos Aires. Sus amigos la llamaban "Tere", "Teresita" o "La Petisa". Roberto nació en la ciudad de Buenos Aires el 28 de diciembre de 1946 y sus amistades lo llamaban "Beto" o "Cabezón". En 1974 nació su primera hija, Verónica. Ambos militaban en la columna oeste de la organización Montoneros. Sus compañeros de militancia los llamaban a ella "Ana" y a él "Daniel". Fueron secuestrados el 28 de febrero de 1977, Roberto en Merlo y María Teresa, embarazada de seis meses y medio, se presume que cerca de San Antonio de Padua.

La pareja fue vista por sobrevivientes en el Campo Clandestino de Detención "Sheraton" y en "El Vesubio". Según testimonios obtenidos, la joven fue llevada al sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo donde dio a luz. Desde ese momento se perdió el rastro de la niña, y sus familiares junto a las Abuelas comenzaron la búsqueda.

Abuelas de Plaza de Mayo y las familias Trotta y Castelli tenían presentada la denuncia ante la justicia por la desaparición del bebé desde 1983. Su hermana Verónica integra la agrupación H.I.J.O.S. y junto a otros compañeros fundó la Comisión Hermanos del organismo desde donde realizan la búsqueda de sus hermanos desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Después de años de lucha, el viernes pasado, Verónica supo que su hermana es otro caso de adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano que, aparentemente, durante la última dictadura entregaba niños en adopción sin investigar el paradero de su familia. A través de la investigación realizada por el Juzgado del Juez Ballesteros, el pasado 25 de julio los familiares supieron el paradero de joven, quien pudo conocer su verdadero origen biológico.

El caso Goya- Martínez Aranda

María Lourdes Martínez Aranda nació el 1º de marzo de 1952 en México. Su familia la llamaba "Lupita". Francisco Goya el 6 de mayo de 1949 en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Sus amigos lo llamaban "El Loco" o "El Gordo". Junto a su primera esposa tuvo dos hijos, Juan Manuel en 1972 y Emilio en 1974. Militó en el Movimiento Nacionalista Tacuara, en la Juventud Peronista y en la organización Montoneros. Sus compañeros de militancia lo conocían como "El Loco", "El Gordo", "Cro", "Oli, "Alcides" o "El Chelo".

Durante su exilio en México, Francisco conoció a Lourdes quien militaba en el Partido Comunista mexicano. En marzo de 1979 la pareja se fue a España y el 31 de julio del mismo año nació su hijo, Jorge Guillermo.

Lourdes y Francisco volvieron al país en el marco de la Contraofensiva. Los tres fueron secuestrados entre abril y julio de 1980 en la provincia de Mendoza. Se sospecha, que permanecieron detenidos en el Centro Clandestino de Detención "Cuevas" en Mendoza. Sus familiares y Abuelas de Plaza de Mayo siguieron desde entonces el caso.

La investigación llevada a cabo por Abuelas tomó fuerza luego de una denuncia de un arrepentido. Con este dato se pudo ubicar al joven, quien el pasado lunes supo que es hijo de Lourdes y Francisco. Su hermano Emilio integra la agrupación H.I.J.O.S. de Chaco y ha sido un activo investigador en la búsqueda de su hermano.

Si naciste entre 1975 y 1980, tenés dudas sobre tu identidad y creés que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con H.I.J.O.S. al 15-3-571-0767 o a hermanos@hijos-capital.org.ar

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS

H.I.J.O.S.

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Sliencio

Regional Capital en la Red Nacional

sábado, 2 de agosto de 2008

Buscamos al hijo o hija nacido/a en cautiverio


TE ESTAMOS BUSCANDO

Buscamos al hijo o hija de Cecilia Beatriz BARRAL y Ricardo Horacio KLOTZMAN, nacido/a en cautiverio hace 32 años, en agosto de 1976.

Cecilia nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de junio de 1951. Su familia la llamaba "La Negra". Ricardo nació el 24 de mayo de 1951 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Sus amigos lo llamaban "Patón". En 1974 nació Ana Lina, hija del joven con su primera compañera, Liliana Bojanich, desaparecida el 8 de junio de 1976. Cecilia y Ricardo militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban "Mecha" o "Mercedes" y a él "Juan de Dios Pérez", "César" o "Hugo". Fueron secuestrados el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario. La joven estaba embarazada de nueve meses. Pensaban llamar Santiago al bebé que esperaban si era varón. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD "Fisherton".

La pareja y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio permanece desaparecidos.

Si naciste entre 1975 y 1980, tenés dudas sobre tu identidad y creés que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con H.I.J.O.S. al 15-3-571-0767 o a hermanos@hijos-capital.org.ar

domingo, 27 de julio de 2008

Está prófugo.


El represor Julián “Laucha” Corres huyó de prisión

Julián Oscar Corres
Integraba la agrupación RIM 3, dirigida por el Coronel Adel Viras y formada para ejercer la represión ilegal en Bahía Blanca. Era el que aplicaba la picana eléctrica en el centro clandestino de detención "La Escuelita". Se sopecha que en 1976, a los 24 años, se habría infiltrado en organizaciones estudiantiles universitarias para informar sus actividades a los grupos de inteligencia.
Está prófugo.

Era el militar que administraba la picana eléctrica en un centro clandestino de Bahía Blanca. Denuncian "complicidad policial".
El teniente coronel retirado Julián Corres, represor del centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca y administrador de la picana eléctrica bajo el alias “Laucha”, se escapó de la delegación local de la Policía Federal antes de ser sentenciado por delitos de lesa humanidad.
A las seis de la mañana, Corres pidió a la custoria ir al baño y “desapareció”, según informó el Fiscal Federal Hugo Omar Cañón a la producción del programa La Brújula Radio, de Bahía Blanca. La periodista Sandra Crucianelli, del Canal 7 zonal, señaló que hay dos versiones: "Se fue por los techos o por la puerta del frente, porque no estaba el guardia", dijo.
Los medios locales informaron que hay preocupación en la fiscalía a cargo, y proponen divulgar la cara del prófugo para que no se le preste ayuda. El jefe de la Policía Federal se encontraba de licencia y se reincorporaba hoy a sus tareas.
Desde Observaciones Judiciales, rastrearon algunos llamados telefónicos que Corres, de 56 años, habría hecho ayer, los cuales habrían posibilitado su fuga.
Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca y ex detenido durante la última dictadura en La Escuelita, afirmó que hubo "responsabilidad de la Policía" en la fuga.
Escurridizo y perverso, según relataron unos veinte testigos que reconocieron haber sido sometidos a sus torturas, durante un año y medio el represor había conseguido burlar a la Justicia, hasta que Interpol lo atrapó en abril pasado cuando salía de una oficina en el microcentro porteño.
También se intenta establecer la responsabilidad de los efectivos a cargo de la custodia y si se trata de un hecho de negligencia o desde dentro de la Policía se facilitó su escape.

sábado, 26 de julio de 2008

PERPETUA Y CARCEL COMUN PARA EL GENOCIDA MENÉNDEZ


LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA

El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército deberá cumplir prisión perpetua por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a cuatro militantes del PRT que estuvieron cautivos en La Perla. Hubo festejos dentro y fuera del tribunal.

Luciano Benjamín Menéndez durmió anoche como un preso más en la cárcel de Bower, en las afueras de su querida Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 condenó a uno de los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino, junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. Siete de sus subordinados en el Cuerpo III de Ejército que, como miembros del Destacamento de Inteligencia 141 operaron en el centro clandestino La Perla, también fueron condenados a pasar el resto de sus días en una prisión común y corriente, como cualquier hijo de vecino.

Cuando el juez Jaime Díaz Gavier terminó de leer la sentencia, alguien gritó “¡Por fin justicia!”. Hubo un aplauso cerrado y luego silencio. En la calle la emoción se transformó en llantos, gritos, cantos y abrazos.

El clima que se vivió ayer en los tribunales cordobeses es difícil de sobredimensionar. En la calle, pleno parque Sarmiento, miles de personas, amplia mayoría sub-25, hicieron el aguante desde la mañana, cuando los jueces citaron a los imputados para escuchar sus últimas palabras (ver aparte). En el salón de usos múltiples, que tiene 160 butacas, ingresaron no menos de trescientas personas. Sin embargo, la organización nunca se vio desbordada. Los imputados ingresaron a paso lento y no recibieron un solo insulto. Nadie molestó a sus familiares que presenciaron la audiencia. Los reporteros gráficos pudieron cumplir con su trabajo. Los represores agradecieron por el esfuerzo a sus defensores oficiales y al tribunal por haber conservado el orden durante los dos meses de audiencias. El sargento primero retirado Carlos Alberto Díaz, incluso, se dio el lujo de levantar los brazos con sus dedos en V frente a la multitud que celebraba el fallo.

Menéndez & Cía. fueron condenados por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Según declararon los sobrevivientes de La Perla, los miembros del grupo de “operativos especiales” (OP3) del Destacamento los torturaron sin piedad durante un mes. En la madrugada del 15 de diciembre los sacaron para matarlos en un “operativo ventilador”, como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que simulaban enfrentamientos. No dejaron detalles librado al azar: eligieron la esquina que mejor los representaba: Sagrada Familia y Ejército Argentino. Los militantes del PRT fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente. Hasta el momento sólo Hilda Palacios fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Para que nadie quedara fuera de la sala, la lectura de la sentencia comenzó media hora después de lo previsto. En las primeras filas se ubicaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. En las últimas, los H.I.J.O.S. con los suyos. Luego llegaron el gobernador Juan Schiaretti, la diputada y nieta recuperada Victoria Donda y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezados por su titular Luis Duhalde. Los representantes de organismos que debieron elegir sólo una cara visible para ingresar a la sala (Estela Carlotto, por Abuelas; Marta Vázquez, por Madres Línea Fundadora; Laura Conte, por el Centro de Estudios Legales y Sociales).

La mayor fiesta se vivió en la calle. Con sol radiante y abundantes choripanes, hasta los perros bailaban al ritmo que imponía el Movimiento Nacional de Murgas. “Olé olé/olé olá/ los subversivos cada día somos más”, celebraban. Detrás de decenas de banderas de organizaciones sociales, gremios y partidos sobresalían cientos de fotos con rostros de víctimas del terrorismo de Estado. Por los altoparlantes la voz de María Angélica Olcese de Moller, Queca para la historia, que murió la noche previa a la sentencia, recordaba el pánico de las primeras vueltas a la Plaza de Mayo y la fundación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, que la tuvo en primera fila.

A las cinco en punto ingresaron los imputados. No volaba una mosca. Igual que el primer día, una cinta negra cubría la escarapela de la solapa del saco de Menéndez, de luto por el fin de su impunidad. Los abogados de H.I.J.O.S. adornaron sus pupitres con las fotos de sus seres queridos. Martín Fresneda con la de sus padres caídos, Tomás y Mercedes Argañaraz, con la abuela Otilia, que los crió con infinito amor. Claudio Orosz con la de sus ex compañeros del colegio Manuel Belgrano: Pablo Schmucler, Claudio Román y Gustavo Torres, todos desaparecidos.

Fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron a los militares y se fueron. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que también integran José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, anunció

martes, 22 de julio de 2008

24 de julio tribunales de cordoba

Convocamos a todos a la puerta de los Tribunales.


24/7: TOD@S A LOS TRIBUNALES DE CÓRDOBA

El jueves 24 será el último día del juicio. A las 9:30 los imputados podrán tener uso a la "última palabra". Por la tarde se leerá la sentencia.
Convocamos a todos a la puerta de los Tribunales.

www.eldiariodeljuicio.com.ar
MENÉNDEZ
Luciano Benjamín, alias “Cachorro”, matricula de identidad 4.777.189, nació el 19 de junio de 1927 en San Martín Provincia de Buenos Aires, hijo de José Maria y de Carolina Sánchez Mendoza, estado civil casado, de profesión militar pasó a retiro con el grado de General de División. Cumple su arresto en su casa ubicada en la calle Ilolay Nº 3269, del barrio Bajo Palermo en la ciudad de Córdoba. Actualmente tiene 81 años.


Fue el comandante del 3º Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. Esta repartición tuvo epicentro en Córdoba, pero abarcaba a 10 provincias del Noroeste y Cuyo: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Por lo tanto, mientras estuvo al mando del 3º Cuerpo, Menéndez fue el máximo responsable de todas las violaciones a los DDHH en estas jurisdicciones y de la existencia de todos los centros clandestinos.
En la actualidad centenares de causas lo imputan dado a que bajo sus órdenes actuó todo el aparato represivo de estas 10 provincias.
Dentro de la provincia de Córdoba, denominada por los militares área “311”, la autoridad de este represor cobraba aun más protagonismo. Según consta en los legajos de inteligencia incautados por la justicia, el propio Menéndez presidía la denominada “Comunidad Informativa” en donde confluían autoridades de las Fuerzas Armadas, Policía Provincial, Policía Federal y SIDE.
Si bien no fue él en persona el autor material de todas las torturas y asesinatos, sin su intervención los mismos no habrían acaecido, era quien dirigía y daba las instrucciones para el funcionamiento de toda el Área 311, estableciendo los objetivos, suministrando los medios y evaluando la conducta de sus subordinados.
Junto a sus seguidores conformó la “Organización Nacionalista” o “Partido Militar” de expreso corte fascista que criticaban al sector de Videla por “blando”.
En ocasión de una conferencia en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas se explayó sobre la estructura y el proyecto político de las FFAA donde manifestó que “por suerte las Fuerzas Armadas sanmartinianas habían exterminado a la población indígena y que de esta manera se crea una Argentina blanca y culta”. En el mismo sentido dijo que aplaudía el histórico accionar de las Fuerzas Armadas con respecto a no permitir que en nuestro país entraran inmigrantes de raza negra, lo cual evitó que se reprodujeran, de lo contrario la Argentina sería como Brasil o Uruguay.
Durante la dictadura una de sus políticas emblemáticas fue el llamado “Pacto de Sangre”. Era, según los oficiales de “La Perla”, una invención genial de la que estaban admirados y agradecidos. Consistía en hacer participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales de las unidades regulares para que, en una posible futura etapa, no “se dieran vuelta” y decidieran declarar contra Menéndez y los oficiales del Destacamento. Todos debían estar “manchados de sangre”.
A partir de febrero de 1977 los asesinatos de secuestrados en “La Perla” comenzaron a racionalizarse, fusilándose de a tres por día, con el objetivo de que alcanzaran los secuestrados para todo el personal militar.
Participaba de algunos operativos y en todos los casos sustraía el “botín” para él. En “El Castillo”, casa situada en el Barrio Villa Cabrera de Córdoba, donde el 9 de marzo de 1977 murieron 7 militantes, Menéndez se llevó para él una valija llena de dólares, generando resentimiento en el resto de la tropa que no tuvo “recompensa”.
Las veces que participaba, permanecía resguardado detrás de algún vehículo y miraba a través de un espejo que sostenía en la mano, para no ser alcanzado por los disparos.
Con el retorno democrático las causas en su contra comenzaron a multiplicarse. La impunidad de la Ley de Obediencia Debida no le correspondía a los altos mandos y rápidamente acumuló centenas de causas. En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos seguido de muerte y 4 sustracciones de menores.
Recibió la protección de la Corte Suprema de Justicia que lo desprocesó en algunas de esas causas invocando la Ley de Punto Final pero quedaron algunos procesos pendientes que conducirían, en 1990, a la elevación a juicio donde él era imputado. Fue entonces, pocos días antes del comienzo de las audiencias, que el presidente Menem lo indultó. Fue el único caso en que se aplicó un indulto a una persona que aun no tenía condena. En este caso el perdón presidencial no respetó la constitución que indica claramente que la figura del indulto sólo puede aplicarla el presidente a una persona condenada. Así se garantizó la impunidad por más de una década.

viernes, 30 de mayo de 2008

“Querían que nunca nos juntemos”



“Querían que nunca nos juntemos”

LAURA RUIZ DAMERI


Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta n° 90. Nació en la ESMA y fue apropiada por un represor. Sus hermanos estuvieron en ese centro clandestino y recuperaron su identidad en el 89 y 00. Su hermana Victoria cuenta la historia
Silvia Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruiz fueron secuestrados y llevados a la ESMA. Sus hijos estuvieron con ellos hasta que la patota que manejaba Massera decidió repartirlos. A M.de las Victorias la dejaron en la puerta de un hospital de Rosario y a Marcelo en Córdoba. A Laura, que había nacido en el centro clandestino, se la llevó un represor y la anotó como hija propia. El martes, Laura recuperó su identidad, como lo había hecho Marcelo en 1989 y M.de las Victorias en 2000. “Nos dejaron en provincias distintas para que nunca nos juntemos. Ahora mis viejos, donde estén, pueden descansar tranquilos. Estamos los 3 vivos. No pueden con los Ruiz Dameri”.
Laura se convirtió en la nieta número 90 en ser recuperada por las Abuelas. Recibió el resultado del análisis del Banco Genético que confirmaba su identidad biológica el martes en el despacho de la jueza Servini de Cubría. No había querido sacarse sangre, pero la magistrada ordenó un allanamiento para obtener su ADN. María de las Victorias también estuvo el martes en Tribunales. No habló con su hermana, aunque pudo verla y reconocer el parecido con su mamá. “Por ahora ella no quiere acercarse. Debe estar shockeada, estuvo con un apropiador, que es el mismo que torturó a mi vieja. Yo la voy a esperar el tiempo que quiera”, aseguró María de las Victorias, desde Rosario. En la comunicación telefónica se mezcla la voz de una nena. La hija menor de María de las Victorias, de un año. La mayor tiene cinco. Además, Laura tiene otra sobrina: la hija de Marcelo que nació el martes, el mismo día que ella confirmó que era hija de desaparecidos.
Silvia Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruiz militaban en Montoneros. Tuvieron a Marcelo en octubre del 76 y meses después se fueron del país. En 1978, en Suiza, nació María de las Victorias. Los cuatro volvieron a Argentina a comienzos de 1980, en el marco de la Contraofensiva. En mayo, fueron secuestrados. Silvia estaba embarazada de cinco meses. Laura nació en la ESMA. Pero creció con otro nombre.
“Me acuerdo del lugar. Las columnas. Me acuerdo de estar atada a una cama elástica muy vieja. Me acuerdo que había mucha gente. Son recuerdos hilvanados”, relató María de las Victorias, que tenía tres años cuando fue a parar al centro clandestino. Cuando los represores decidieron deshacerse de ella, la dejaron en la puerta del sanatorio de niños de Rosario con una carta escrita a máquina: “Me llamo Victoria. Mis padres no me pueden cuidar. Que Dios los ayude. Gracias”. Marcelo llevaba exactamente el mismo mensaje pero con su nombre. A él lo abandonaron en Córdoba. Marcelo y María de las Victorias fueron adoptados legalmente. El recuperó su identidad en 1989, ella en 2000: “Me vi en el diario en una foto y dije ‘ésta soy yo’ les conté a mis padres adoptivos y ellos me acompañaron a Abuelas, donde ya habían recibido una denuncia anónima que decía que yo podía ser hija de desaparecidos.Siempre supe que era adoptada pero creía que me habían abandonado”.
Laura, fue apropiada por el ex prefecto Antonio Azic miembro del grupo de tareas de la ESMA, ya se había quedado con otra niña nacida dos años antes en el mismo lugar: Victoria Donda, quien recuperó su identidad en 2004 y hoy es diputada.
Desde hace tiempo las Abuelas sospechaban que Azic era el apropiador de Laura Ruiz. De hecho, el ex prefecto ya fue procesado por ese hecho. En la misma situación están el médico de la marina Carlos Capdevilla, quien asistió el parto de Silvia Dameri en la “Huevera” –que era una sala de torturas– y el represor Oscar Lanzón. El subprefecto Díaz Smith está prófugo. Los sobrevivientes aseguraron que Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda de la dictadura, estuvo en la ESMA para ver a los Ruiz, a quienes vinculaban con un atentado en su contra.
Los ex detenidos desaparecidos Carlos Lordkipanise y Víctor Basterra vieron a los Ruiz en el centro clandestino. Contaron que Silvia “estaba muy panzona, con un embarazo muy avanzado” y a pesar de eso “fue torturada por el propio Azic”. Silvia y sus tres hijos fueron llevados a una quinta que el grupo de tareas de la ESMA alquilaba en General Pacheco. A la mujer le cortaron el proceso de lactancia mediante la aplicación de inyecciones”.El ex prefecto fue el que torturó a Lordkipanise junto con su hijo de apenas 20 días: “Me amenazó: ‘Si no hablás, le reviento la cabeza contra el piso a tu hijo’.le dije que no tenía nada que decir y lo puso en mi pecho, pasó corriente eléctrica”. “La verdad tarde o temprano sale a la luz. Los tres hermanos recuperaron su identidad y juntos podrán reconstruir la historia familiar que el terrorismo de Estado les quiso robar”, señalaron las Abuelas en un comunicado.

domingo, 4 de mayo de 2008


HOY CUMPLÍS AÑOS Y TE SEGUIMOS BUSCANDO

Esther Liliana Lavalle nació el 16 de febrero de 1950 en La Plata. Constantino José Valledor el 23 de enero de 1945 en la misma ciudad. Tuvieron un primer hijo al que llamaron Constantino José al igual que su padre. La pareja militaba en la organización Montoneros. A Esther sus compañeros la conocían como "Ana". La joven fue secuestrada el 4 de mayo de 1977 en la ciudad de Mar del Plata y llevada al Hospital Regional de esa ciudad, aparentemente, para dar a luz. Estaba embarazada de ocho meses. Fue retirada del hospital por personal del ejército y, posteriormente, asesinada. Sus restos fueron exhumados en 1983 en el Cementerio Parque de Mar del Plata. Constantino fue asesinado el 6 de octubre de 1977 en Mar del Plata, su cuerpo no fue entregado a la familia.

Padre e hijo/a permanecen desaparecidos.

Fuente: "Niños desaparecidos. Jóvenes localizados", Abuelas de Plaza de Mayo.

Si naciste entre 1975 y 1980, tenés dudas sobre tu identidad y creés que podés ser hij@ de desaparecid@s escribinos a hermanoscapital@yahoo.com.ar o llamanos al 15-3-571-0767.

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional

sábado, 3 de mayo de 2008


TE ESTAMOS BUSCANDO

Diana Irene Oesterheld y Raul Araldi Desaparecidos el 7/8/76

Diana tenía 23 años. Era la hija del famoso historietista Héctor Oesterheld. Tenía un hijo de un año, Fernando, y estaba embarazada de cuatro meses cuando desapareció. Militaban en Montoneros.

Diana fue secuestrada en San Miguel de Tucumán por la policía de Tucumán, junto con su hijo Fernando. Fernando fue abandonado como "NN" por la patota policial en la Casa Cuna de la capital tucumana. Después de varios intentos fue recuperado por sus abuelos paternos. La casa donde vivían fue ocupada por Albornoz, el jefe de la policía tucumana, y su mujer.

Raúl fue asesinado en 1977, un compañero vio su cadaver en la Jefatura de Policía.

Diana fue vista en la Jefatura de la Policía de Tucumán. Fue llevada a "Campo de Mayo" donde dio a luz.

Su padre y sus tres hermanas, Estela, Marina y Beatriz también fueron desaparecidos o asesinados.

Casa tomada

Fernando Araldi Oesterheld reclama la casa donde vivía en 1976 con sus padres, que están desaparecidos. Según la fiscalía, el ex jefe de inteligencia de la policía de Tucumán, acusado del secuestro de la pareja, se apropió del inmueble, donde sigue instalada su ex amante.


Desde afuera se ve un tapial pintado de rojo y un portón. La casa está atrás, escondida. El techo apenas sobresale. Queda en la calle Frías Silva, en San Miguel de Tucumán. Fernando Araldi Oesterheld sabe que en 1976 vivía ahí con sus padres, Diana y Raúl, que están desaparecidos. Tiene guardada una foto donde se lo ve en brazos de su mamá, en la puerta. “Me muero de ganas de entrar, pero no puedo”, dice. La propiedad es objeto de disputa en una investigación sobre violaciones a los derechos humanos y apropiación de bienes de víctimas de la dictadura. El entonces jefe del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) de la policía provincial, Roberto “el Tuerto” Albornoz, no sólo está acusado de la desaparición de la pareja. Varios testimonios apuntan a que se instaló en la casa con una mujer que también pertenecía a la fuerza. Ella sigue viviendo en el lugar. Sin embargo, pese al reclamo de la fiscalía y los querellantes, el juez de la causa hasta ahora se negó a desalojar y restituir el inmueble.


Diana Oesterheld, hija del escritor y guionista Héctor Oesterheld -creador de El Eternauta– fue secuestrada en julio de 1976. Estaba embarazada de seis meses cuando se la llevaron de la casa, que en aquel momento no estaba oculta tras un muro. Su hijo de un año, Fernando, también fue secuestrado y abandonado como “NN” por la patota policial en la Casa Cuna de la capital tucumana. Después de varios intentos fue recuperado por sus abuelos paternos. Hay sobrevivientes que en agosto de aquel año vieron a Diana en el centro clandestino de la Jefatura de la Policía, cuyo subjefe era Albornoz. Todo indica que a su marido, Raúl, lo asesinaron en 1977 en un enfrentamiento. Un compañero suyo de Montoneros vio su cadáver en la jefatura policial.

Albornoz, a quien apodan “el Etchecolatz tucumano”, está camino a ser indagado por todos los crímenes cometidos en el campo de concentración que estaba a su mando. En la misma senda están los represores Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y varios militares y policías. La causa está a cargo del juez Jorge Parache. En cuanto al matrimonio AraldiOesterheld, no sólo investiga su desaparición sino quiénes fueron los responsables del robo de su hijo Fernando y qué ocurrió con el bebé que Diana esperaba en cautiverio. A eso se suma la pesquisa por la usurpación de la vivienda, uno de los puntos más complicados.

“Yo no quiero la casa por su valor económico. Quiero que saquen a la mujer que vive ahí. Que ella y Albornoz sean juzgados”, explica Fernando a Página/12. “Además, quiero saber qué hicieron con mi mamá y con mi hermano”, agrega. Por los relatos que pudo oír y los testimonios incorporados al expediente, Fernando, hoy un fotógrafo de treinta años, supo que sus padres llegaron a Tucumán en diciembre de 1975. Vivieron en forma provisoria en el hotel Petit y en febrero se mudaron a la casa de la calle Frías Silva, alejada del centro. Primero la alquilaron y después avanzaron en la compra. El papeleo, al parecer, quedó a mitad de camino.

El hombre que les rentó y vendió la vivienda, Onésico Marini, falleció, pero su hijo se presentó ante el juez apoyando el reclamo de Fernando. Su testimonio es clave porque recuerda al detalle –tenía dieciséis años– los encuentros de su papá con los padres de Fernando. Relató, además, que en agosto de 1976 un camión de la policía se llevó las pertenencias de la familia Araldi-Oesterheld y que con posterioridad Albornoz se quedó ahí junto con su amante, también policía, que nunca se fue.

Al menos diez testigos declararon que la pareja desaparecida vivía ahí con su hijo. También están en la causa los aportes del periodista Jorge Delgado, que los conoció apenas llegaron a Tucumán. Los abuelos paternos de Fernando estuvieron allí en su primer cumpleaños. Los informes del Registro de la Propiedad dicen que el inmueble era de Marini, el vendedor. La actual ocupante inició un juicio para que se la reconozca comopropietaria por haber habitado el lugar pacíficamente pagando impuestos. La fiscalía pidió frenar el trámite, que considera una prueba contra ella.

Fernando es querellante a la par de organismos de derechos humanos. El fiscal Emilio Ferrer pidió varias veces el allanamiento y el desalojo de la casa, pero el juez Parache sostiene que las pruebas no alcanzan. Ahora el tema debe ser resuelto por la Cámara Federal tucumana. En la fiscalía de Cámara apuntan: “En Tucumán hay 700 causas contra represores, pero subsisten los obstáculos porque la sociedad apoya a Bussi”.

La apropiación de bienes de desaparecidos fue una práctica común en la provincia, pero recientemente comenzó a ser desenmascarada. Albornoz está detenido por la desaparición de Rolando Coronel y su hija Marta, cuya vivienda fue usurpada por otro miembro del Servicio de Inteligencia policial, Luis Armando de Cándido, que también está preso. Su esposa, sin embargo, una ex asesora de Bussi, sigue libre. Juan Carlos Veliz, abogado de la familia Araldi-Oesterheld dice: “Nosotros exigimos que también se investigue a la ex amante de Albornoz como cómplice de los crímenes de la dictadura”.
Graciela Moreno y Juan Marcelo Soler Guinard "Negro" "Raul"

En la madrugada del 29 de abril de 1977, Graciela fue secuestrada junto a su compañero, el sacerdote Juan Marcelo Soler Guinard, en su vivienda, ubicada en la localidad de Temperley (provincia de Buenos Aires). En esa casa vivía la pareja junto a dos hijos de Graciela de un matrimonio anterior (de 7 y 8 años de edad) y al hijo de Juan, de 3 años. Luego del operativo de secuestro, los tres niños fueron entregados a los padres de Graciela.

La pareja fue llevada al CCD “El Vesubio”, en donde fue vista por varios compañeros de cautiverio. Mientras que algunos testimonios indican que Juan fue trasladado del campo de concentración en mayo de 1977, Graciela es vista allí por lo menos hasta septiembre de ese mismo año.

Según lo testimoniado por una de sus compañeras de detención (María Susana Reyes) Graciela formaba parte, junto a otras mujeres, de un pequeño grupo de detenidas que los represores usaban como “personal doméstico” en el centro clandestino: las obligaban a limpiar, cocinar, lavar ropa y servir la mesa durante las comidas de los represores.

De acuerdo con la sobreviviente de “El Vesubio” Ana María Di Salvo, quien compartió el cautiverio con Moreno en ese centro clandestino, en septiembre de 1977 Graciela continuaba secuestrada en “El Vesubio” y estaba embarazada de cerca de cuatro meses, con lo cual se deduce que la concepción se produjo estando en cautiverio. Esto coincide con lo que narraron dos de sus compañeras de detención, María Susana Reyes y Elena Alfaro, quienes declararon que Graciela, estando en cautiverio, fue violada por el represor Ramón Erlán (a) “Pancho”, y que a raíz de esa violación la joven quedó embarazada.

Las versiones no son unánimes en este sentido, ya que en el legajo CONADEP nº 1756, correspondiente a Graciela Moreno, consta que la familia de Juan Marcelo Soler Guinard denunció que la joven estaba embarazada de cerca de seis meses al momento de su secuestro, y que la fecha estimativa de su parto sería entre julio y agosto de 1977.

Posible nacimiento del bebé y desaparición de Graciela

No se ha podido dar con datos certeros sobre las circunstancias en que Graciela Moreno pudo haber dado a luz. No hay testimonios sobre el posible parto. Dado que no se ha podido establecer con exactitud el momento de inicio del embarazo de Graciela, ni se tienen testimonios sobre su eventual parto, se estima que el bebé de la joven pudo haber nacido entre julio de 1977 y febrero de 1978.

Por otra parte, según consta en la causa “Primer Cuerpo” (en la que se investiga, entre otros, el caso de Graciela Moreno), la familia de la joven “posee cartas que éstos [en referencia a Graciela y Juan] le remitieron desde su lugar de detención a través de un señor llamado Raúl quien sería uno de los guardias del lugar, respecto de quien (la familia Moreno) dijo saber que vivía en Ramos Mejía y que sería personal retirado de las fuerzas de seguridad”. Hay testimonios que indican que en ese momento —posterior al paso de la pareja por “El Vesubio”— Graciela y Juan estaban secuestrados en el centro clandestino “Sheraton” (que funcionaba en la subcomisaría de Villa Insuperable, en Capital Federal), y que era desde allí que enviaban cartas a su familia.

Graciela Moreno, Juan Marcelo Soler Guinard y el bebé que habría nacido en cautiverio permanecen desaparecidos.

Si naciste entre 1975 y 1980 y tenes dudas sobre tu identidad, crees que sos hijo de desaparecidos o conoces a alguien que puede serlo, comunicate con ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 0800-222-2285 o por mail dudas@abuelas.org.ar

lunes, 28 de abril de 2008

Graciela estaba embarazada de seis meses


Detenidos-Desaparecidos el 2 de agosto de 1977

Roberto Eduardo Aued "el Turco"
María Graciela Médici

Roberto y Graciela fueron secuestrados de su domicilio en La Plata (calles 135 y 32) el 2 de agosto de 1977 a las 5:30 de la tarde. Según Roberto Aued le contó a Nieves Acosta, con quien estubo en el CCD Pozo de Banfield, unos coches estaban siguiendo a un chico llamado Daniel Mariani, al intentar éste entrar en la casa de los Aued, le dispararon y asesinaron. Al ver ésto, los Aued que estaban dentro de su casa se tiran al piso y se quedan quietos. Según los vecinos, personal del Ejercito los arrojó al suelo, los envolvió en frazadas y los tiraron adentro de una camioneta.

Graciela estaba embarazada de seis meses cuando fue secuestrada, no se sabe que pasó con su embarazo.

Roberto y Graciela estuvieron por un mes detenidos en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde permanecieron todo el tiempo con los ojos vendados. En septiembre de 1977 fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como "Pozo de Banfield".

En el pozo de Banfield, hubo varios partos, y el responsable de atenderlos era el médico policial Bergéz.

domingo, 27 de abril de 2008

Silvia Isabella Valenzi

Tuvo una hija el dia 2 de Abril de 1977, en el Hospital de Quilmes en Buenos Aires, durante el cautiverio.

Tu identidad fue robada el mismo día de tu nacimiento, producto del pacto de silencio de la dictadura militar y sus cómplices.
NOSOTROS NO DEJAREMOS LA BUSQUEDA HASTA ENCONTRARTE.

Silvia Isabella Valenzi tenía 20 años, era obrera textil, tejedora fue secuestrada en la vía pública en La Plata la vieron en el CCD Pozo de Banfield (no se sabe la fecha), y en el CCD Pozo de Quilmes el 1o de febrero de 1977.
Fue trasladada (asesinada) el 25/04/77

Declaró su hermana Rosaria Isabella Valenzi, que Silvia estaba embarazada cuando fue secuestrada, y que nunca vio al bebé. E involucró en esa desaparición al ex médico policial Jorge Bergés.
"
Nos enteramos que estuvo detenida en la Brigada de Quilmes”, relató Valenzi. Cuando llegó el momento de parir, Silvia Valenzi fue llevada al Hospital Municipal de Quilmes.
Rosaria Valenzi dijo que se enteró del nacimiento de la beba por un testimonio que dieron una enfermera y una partera, que luego fueron secuestradas y ahora están desaparecidas.


Enfermera
Generosa Fratassi
Detenida-Desaparecida el 14/4/77

Tenía 32 años,Generosa era italiana. Trabajaba de enfermera en el Hospital Municipal de Quilmes y era la delegada gremial en dicho Hospital.

El primero de abril de 1977, fue llevada al hospital Silvia Mabel Isabella Valenzi, una detenida-desaparecida proveniente del CCD Pozo de Quilmes. Silvia tenía siete meses y medio de embarazo y en el hospital dio a luz una niña a quien llamó Rosa. En un momento que pudo, antes de ser devuelta al CCD, Silvia gritó su nombre pidiendo que le dejen saber a su familia sobre el parte y nacimiento de la niña. De esta manera, los padres de Silvia fueron informados del nacimiento de su nieta.

El 13 de febrero, la madre de Silvia se presentó al hospital a reclamar por su nieta. Un médico se fijó en el libro de partos y vio que la niña estaba registrada. Generosa acompaño a la madre de Silvia a hablar con el director del hospital. El director le dijo que no había nacido ninguna nena, y Generosa le recalcó que el nacimiento estaba anotado en los libros (el nacimiento luego fue mal borrado del libro y la bebé "desapareció").
El día siguiente, el 14 de abril de 1977, ella estaba trabajando en el hospital cuando el porter la llamó y le dijo que la buscaba un hombre en la planta baja. Cuatro hombres armados, vestidos de civil, la esposaron y se la llevaron en una camioneta sin patente. Unos días antes María Luisa Martínez, una partera que también había colaborado con la Sra. Valenzi, había sido desaparecida.
Las dos fueron vistas en el CCD El Vesubio por Elena Alfaro.

Un médico le dijo a la testigo que la nena había nacido y que estaba viva. Pero el director del hospital en esa época, Roberto Iriarte, negó todo. Más tarde, los médicos que declararon en una causa que se abrió en la justicia penal también negaron todo, diciendo que la beba había muerto.
La mujer relató ante la Cámara que su hermana fue llevada al Hospital de Quilmes con dos policías y el médico Jorge Bergés. Según contó, éste le dijo a un funcionario del hospital: “Esa nena (la beba) no la saca de acá ni Videla sin mi orden”. Bergés estuvo procesado dos años por este caso, pero salió libre por la ley de Obediencia Debida.
Valenzi informó además que su caso es uno de los que investiga el juez Adolfo Bagnasco, que intenta probar la existencia de un plan sistemático de secuestro de bebés durante la dictadura. También se hizo una presentación al juez español Baltasar Garzón.

Nadie vio los libros de Sanidad

En otro orden, declaró un ex ordenanza de la Dirección de Sanidad de la Policía de la Provincia. Héctor Viscuzi, quien trabajó en Sanidad entre 1981 y 1995, dijo no recordar ver cuando se trasladaron los Libros de Partes Médico-legales que busca la Cámara, cuando fueron enviados a un juzgado o cuando volvieron de éste.

Viscuzi argumentó que sólo “hacía limpieza o servía café” y que nunca entró al archivo de Sanidad, donde podría haber estado la documentación.

Los jóvenes y su hijo continúan desaparecidos.


TE ESTAMOS BUSCANDO

Valeria Belaustegui Herrera de Waisberg y Ricardo Daniel Waisberg

Detenidos-Desaparecidos el 13 de Mayo de 1997

Valeria tenía 24 años, Ricardo 29. Tenían una hijita, Tania, de 15 meses y esperaban otro bebé.
La pareja, secuestrada por fuerzas de seguridad el 13 de mayo de 1977 en San Antonio de Padua (Provincia de Buenos Aires). Junto con ellos fue secuestrada una hija pequeña de ambos, quien luego fue devuelta a la familia por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la comisaría de San Antonio de Padua. Tenía un puesto un cartel sujeto al cuello que decía "Soy hija de Valeria Beláustegui". Valeria estaba embarazada de 2 meses. Fueron vistos en el centro clandestino de detención "El Campito" que funcionaba en Campo de Mayo.

De acuerdo al testimonio de Juan Carlos Scarpati Valeria y Ricardo estuvieron alojados en el Pabellón III de Campo de Mayo, cuando Valeria se encontraba ya con siete meses de embarazo, y permaneció allí hasta el momento de ser trasladada.

Los jóvenes y su hijo continúan desaparecidos.
Los dos hermanos de Valeria, José y Martín y sus esposas también se encuentran desaparecidos.

Fuente;
http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/b/belaustegui/valeria.html

lunes, 21 de abril de 2008

BUSCAMOS AL HIJO/A ...TARTAGLIA-SIERRA


LUCIA ROSALINA VICTORIA TARTAGLIA y ENRIQUE SIERRA

LUCIA ROSALINA VICTORIA TARTAGLIA fue secuestrada en noviembre de 1977 y hasta la fecha integra la lista de detenidos-desaparecidos durante la represión desatada por las fuerzas armadas a partir de marzo de 1976.
Lucía Tartaglia vivía en la Capital Federal y estudiaba, junto con su compañero Enrique Sierra, en la Facultad de Derecho de La Plata. El 27 de noviembre de 1977, Lucía se comunicó telefónicamente con su madre informándole que Enrique había sido detenido y manifestando su intención de trasladarse a La Pampa.Su madre viajó inmediatamente desde Santa Rosa, y a pesar de las innumerables averiguaciones que realizó, no pudo hallar a su hija, ni conocer el lugar de detención de Enrique Sierra.
En diciembre de 1978 recibió una carta, de puño y letra de su hija Lucía, y remitida desde un campo clandestino de detención a través de una familia con una hija detenida-desaparecida. En una segunda carta hecha llegar a su madre en febrero de 1978, Lucía le comunica que espera un hijo y las comunicaciones serán interrumpidas por algún tiempo, ya que ha sido informada que su situación sería legalizada poniéndola a disposición del PEN. Desde ese entonces no tuvo más noticias de su hija, ni del nieto por nacer.
Efectuada la denuncia ante el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, se dio inmediata intervención a los organismos nacionales de derechos humanos, y a la justicia federal que dispuso instruir una causa por privación ilegítima de libertad.
Profundizadas las investigaciones por el MPPDH, se constató en primer lugar que ENRIQUE SIERRA, fue detenido por personal del servicio de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y que después de haber estado secuestrado en un campo clandestino en Ituzaingó, bajo la jurisdicción de la Aeronáutica, fue asesinado a fines de diciembre de 1977.
A raíz de la presentación que realizaron varios sobrevivientes del campo clandestino de detención denominado "El Banco" y del campo "El Olimpo", ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y de los testimonios aportados directamente al MPPDH, se verificó incuestionablemente que LUCIA TARTAGLIA estuvo detenida hasta febrero de 1978 en "El Olimpo" hasta su traslado al Hospital Militar con el fin de dar a luz (1).
LUCIA TARTAGLIA, llamada dentro del campo clandestino "Anteojito", había sido operada de apendicitis, para lo que también fue oportunamente trasladada al Hospital Militar.
También quedó probado que la hija detenida-desaparecida de la familia donde Lucía remitió las dos cartas, Susana González de Weis y su marido Marcelo Weis, y que continúan desaparecidos, estuvieron en el campo de concentración "El Olimpo".
En la causa se encuentran agregadas las cartas remitidas por Lucía a su madre, así como también el testimonio de sobrevivientes del campo de concentración "El Olimpo", que confirman categóricamente que Lucía Tartaglia fue secuestrada por fuerzas militares y que una vez nacido su hijo en cautiverio, ambos continuaron en su condición de detenidos-desaparecidos,
El MPPDH ha puesto oportunamente en conocimiento a Abuelas de Plaza de Mayo, de todos estos hechos, comprometiendo todos los esfuerzos a fin de lograr la aparición con vida de Lucía Tartaglia y de su hijo.
Con fecha 17 de abril de 1984, el MPPDH efectuó una presentación ante la Embajada de Italia, a fin de que el Gobierno Italiano incluyera a LUCIA TARTAGLIA y a su hijo, en las peticiones y reclamaciones que ha realizado y realiza por los italianos detenidos-desaparecidos en la Argentina durante la dictadura militar.
En una de las cartas que Lucía hizo llegar a su madre, desde su cautiverio en el campo de concentración "El Olimpo" le decía que si su hijo era varón le pondría de nombre Sebastián; si era niña la llamaría María Victoria o María Laura.
La Comisión Nacional de Desaparición de Personas, conjuntamente con sobrevivientes que estuvieron detenidos clandestinamente, ha confirmado que en el Partido de La Matanza, sobre la autopista Richieri cerca del Camino de Cintura, existió el campo clandestino de detención denominado "El Banco". Dicho campo de concentración dependía del I Cuerpo de Ejército y era base de operaciones de varias fuerzas. Asimismo se verificó la existencia del campo de concentración "EL OLIMPO" ubicado en Ramón Falcón y Avda. Olivera dependiente del I Cuerpo de Ejército. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inspeccionó en 1979 sus instalaciones, que por entonces habían sido desmanteladas. Muchos de los detenidos-desaparecidos que estuvieron en el campo clandestino de detención "El Olimpo" habían sido trasladados desde el campo denominado "club Atlético", dependiente de la Policía Federal, bajo jurisdicción del I Cuerpo de Ejército y ubicado en Garay y Paseo Colón. Este campo fue desmantelado a fines de 1977 por la construcción de la autopista.

"..Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino, señores jueces, NUNCA MAS!!!..."

viernes, 11 de abril de 2008

Macri nombro a un asesor legal en la ESMA











Pedro Carlos Florido asesor legal en la ESMA

Foto: Muestra fotografica de Victor Basterra

Mauricio Macri designó en la Procuración General de la Ciudad, que comanda Pablo Tonelli, a un capitán de navío que fue asesor legal en la ESMA y que defiende a los ex represores del campo de concentración que regenteaba el ex almirante Emilo Massera. Se trata de Pedro Carlos Florido, un abogado que presta asistencia jurídica a los ex marinos que revistaron en el predio de Avenida Libertador al 7000 durante la última dictadura.
Florido tiene aportes del gobierno porteño desde febrero, pero según fuentes oficiales asumió cuando el PRO desembarcó en la ciudad. Su nombramiento no fue publicado en el Boletín Oficial ni está incluido en el sistema único de mesa de entradas en el que deben figurar todos los empleados porteños, pero desde la Procuración le confirmaron Crítica de la Argentina que Florido está en funciones.
En 1982, el ahora asesor de la Procuración fue fotografiado por el ex detenido Víctor Basterra, quien estuvo secuestrado allí durante cuatro años y cinco meses.
Basterra logró quedarse con una copia de los rostros de cada uno de los represores de la Armada y los presentó ante la Justicia apenas fue liberado. “Le decían Florido o Florindo y era una especie de auditor. Estaba siempre en los casos que tuvieran que ver con guita o con propiedades. Lo vi cuatro o cinco veces, hasta que un día se prestó para que le hiciera un documento”, recordó el ex detenido. Basterra declaró que Florido fue uno de los marinos que le ordenó confeccionar cuatro pasaportes argentinos falsos para Licio Gelli, el líder de la Logia Propaganda 2. Los otros represores que le pidieron ese trabajo fueron el delfin de Massera, Jorge “Ruger” Rádice, el oficial retirado del Ejército Maco Coronel, el ex capitán Horacio Estrada y el prefecto principal José Manuel Díaz Smith.
Hasta llegar al gobierno de Macri, fue miembro del elenco de la Armada que asiste a los represores retirados en base a la información privilegiada que le llega desde Tribunales. En 2002, durante el gobierno de Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, el Senado aprobó su ascenso a capitán de navío, a pesar de la impugnación que realizó el CELS en ese momento. El pedido para beneficiar a Florido lo había firmado Carlos Menem el último día de su gobierno.

La foto tomada en la ESMA que nunca se publicó
Víctor Melchor Basterra estuvo secuestrado en ESMA durante cuatro años y cinco meses. En 1979 fue detenido junto a su esposa y a su hija, quienes fueron liberadas siete días después. En el lapso de siete meses, la Marina lo tuvo recluido en el sector denominado Capucha y fue sometido a distintos tipos de torturas.
Después de casi veinte horas de tortura con picana eléctrica y golpes, lapso en el cual Basterra sufrió dos paros cardíacos, fue obligado, el sábado y domingo siguientes, a ir con sus captores a diferentes lugares de cita con compañeros del denominado Peronismo de Base (PB), al que pertenecía.
A partir de 1980, fue confinado como mano de obra esclava en el sector de Documentación, donde estaba encargado de falsificar DNI.
Basterra sacó alrededor de 80 fotos de represores de la ESMA (entre ellos el Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Ricardo Cavallo) que presentó luego a la Justicia y acaban de ser editadas ahora por el Instituto Espacio de la Memoria. El ex detenido recuerda como si fuera hoy el día que fotografió a Pedro Florido, flamante funcionario de Mauricio Macri. “Seguramente era una foto para un registro del conductor”, dice. Y explica que los documentos falsos que utilizaban los represores tomaban una identidad real para evitar ser identificados. “No recuerdo ahora el nombre del sosías que el tipo utilizaba, pero fue en 1982. Tengo la imagen de un tipo que no se había afeitado esa mañana”.
La imagen de Florido no tiene nitidez. Por eso, hasta ahora nunca había sido publicada, pese a que el abogado que se define como “auditor de la marina” ha tenido desde entonces una carrera prominente a sueldo del Estado.

Link de fotos sacadas por Basterra (ESMA)
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/basterra/basterra_01.htm

... "Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el Pueblo Argentino. Señores jueces: Nunca más”...

martes, 8 de abril de 2008

Clara Anahí Mariani te estamos buscando


"Estaban matando mucha juventud"

Foto (Clara Anahí Mariani con su mamá, Diana Teruggi)

"Diana era una estudiante de Letras de 26 años, casada con Daniel". Vivían en la calle 30, entre 55 y 56, junto con su beba Clara Anahí, nacida en 08/76. En los fondos de aquella casa, funcionaba una pequeña imprenta clandestina: "Acababan de publicar, en octubre de 1976, que en la ESMA había un campo de concentración, y que se tiraban cadáveres al río".
El 24/11/76, Daniel había salido, y en la casa se encontraban Diana, su beba de tres meses, y tres de sus compañeros de militancia : Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Eliçabe y Roberto Porfirio. Al mediodía, se lanzó el ataque: un operativo represivo del que formaron parte diversas fuerzas -Policía de la provincia, Policía Federal, Ejército, Gendarmería, Marina-, con tanques, bazukas, camiones militares y helicópteros.
El ataque a la casa fue de tal magnitud que el barrio entero quedó conmocionado. Los 4 adultos fueron asesinados a balazos, y se sospecha que sus cuerpos fueron quemados dentro de la casa, para dificultar su posterior reconocimiento. Lo que pasó con Clara Anahí de tres meses sigue siendo una incógnita hasta el día de hoy.
En el procedimiento, participaron varios jerarcas de la represión ilegal: entre otros, el jefe de la Policía provincial Ramón Camps; el Director de Investigaciones de la fuerza, Miguel Etchecolatz, y su chofer, Hugo Guallama; el titular de la comisaría 5º, Osvaldo Sertorio; el jefe del Regimiento 7 de La Plata, Roque Presti; el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. "Estuvo toda la plana mayor de todos lados", sostuvo Chicha la abuela de Anahi que en ese momento estaba en su casa, en la esquina de 44 y 21, tejiendo una batita para su nieta, cuando escuchó pasar los tanques. "Me aterroricé, porque en esa época estaban matando mucha juventud", pero no se imaginó "que se dirigían a la casa de mis hijos". "Pensé: a quién estarán matando ahora", recordó.
Más tarde ese día, Chicha tuvo que dejar su casa para ir a cuidar a su padre enfermo. Cuando volvió, al día siguiente, vio a todos los vecinos reunidos en la puerta de su vivienda. El lugar estaba destrozado: la casa había sido baleada y saqueada, había escombros por todas partes y muebles destruidos. "Además se habían robado todo lo robable", indicó, y añadió que fue en esa misma casa que sufrió, un mes después, otro allanamiento violento. Entre los represores que lo perpetraron, había uno a quien sólo reconoció años después, en los diarios: Luis Abelardo Patti.
Chicha Mariani no llegó a enterarse de los asesinatos donde estaba su nieta Anahi en la calle 30 hasta el día siguiente del operativo. Aunque no pudo entrar a la vivienda hasta varias semanas después -"la casa estuvo llena de policías de civil durante un año", contó-, hizo una primer denuncia en la comisaría 5º, cuya jurisdicción abarcaba ese domicilio, para poder recuperar los cuerpos. "Me dijeron: 'No le vamos a entregar a su hija porque está carbonizada, no se la reconoce, nosotros nos vamos a ocupar de su cadáver'. Cuando les pregunté por mi nieta, me dijeron '¿qué nieta?', y que no figuraba en ninguno de los papeles".
El primer dato respecto de Clara Anahí lo obtuvo por medio de un amigo que conocía al entonces comisario Osvaldo Sertorio, el titular de la comisaría 5º, "que ha pasado a la historia por el campo de concentración que tenía al otro lado del pasillo de su escritorio". El policía le había confirmado al amigo de Chicha que Clara Anahí había sobrevivido al ataque a la casa de sus padres.
La abuela se dirigió entonces a la dependencia policial, para hablar con el comisario "Me dejó parada en el medio de la habitación y él, sentado, empezó a expresar su desprecio por mí, que era la madre de unos subversivos". Pero como le debía un favor a aquel conocido en común, terminó diciéndole, en voz casi inaudible: "La nena está viva, búsquela por la ropa porque ya le deben haber cambiado la identidad. Y búsquela rápido, porque ha perdido demasiado tiempo". El policía la derivó a la Unidad Regional de la Policía de la provincia, "pero allí me negaron que supieran algo, y me sacaron con cara de nada".
Chicha recién en 1984 se enteró de una comunicación del director del cementerio de La Plata, según la cual la joven había sido enterrada como NN, y que en 1982 esa tumba había sido "levantada y tirada a la fosa común".
A Chicha la esperaba aún otro golpe, poco tiempo después el 1 de agosto de 1977 fue asesinado su hijo, Daniel Mariani : "No se había querido ir del país por su hijita que después de pasar por varias manos, quien se llevó a Clara Anahí del lugar del operativo fue el comisario Juan Fiorillo, con su lugarteniente, Carlos "El Oso" García.
Daniel permaneció en el pais por Diana y por lealtad a sus compañeros militantes. Y se quedó hasta que lo mataron.

Anahi te estamos buscando
María Isabel Chorobik de Mariani (tu abuela)
Tel.:(0221) 421 2681
E-mail: mariaisabelchorobik@sinectis.com.ar

domingo, 6 de abril de 2008

LOS JUECES NO ENTIENDEN LA GRAVEDAD DEL DELITO


El Tribunal Federal Oral Nº 5 condenó con 8 y 7 años de prisión a Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán. Los jueces le dieron además 10 años al capitán retirado Enrique Berthier, el militar que la entregó. El juicio fue el primero que una hija de desaparecidos hace contra quienes la inscribieron y criaron como si fuera propia. María Eugenia había pedido que se aplicara a sus apropiadores el máximo de la pena prevista, por haberla privado de su identidad y del vínculo con su familia, de quien estuvo separada durante 24 años. Ayer, tras escuchar la sentencia, su abogado y las Abuelas de Plaza de Mayo criticaron la levedad de las penas: “Los jueces no entienden la gravedad de estos delitos”.
Tras la condena, los apropiadores Rivas y Gómez Pinto seguirán en libertad hasta que haya una sentencia firme, es decir hasta que el juicio pase por Casación y eventualmente por la Corte Suprema. Berthier podrá pedir la libertad cuando cumpla dos tercios de la condena. Como está preso desde hace más de cinco años, eso podría suceder en breve. Durante el juicio, ambos apropiadores se declararon inocentes.
¿Cuál sería una pena justa para quien se apropió del hijo de un desaparecido? ¿Cómo medir el daño que provocaron los que, sin haber sido parte directa en la represión, sin haber matado o torturado, se adueñaron de lo más valioso de la vida? ¿Fueron esas apropiaciones igual que una adopción, en todo caso que una adopción ilegal, o se trata de algo más grave aún? Esas son algunas de las preguntas que circularon en estas audiencias. Rosa Rosimblit, vicepresidenta de Abuelas, aseguró que la Justicia encuentra atenuantes cuando juzga a los apropiadores, una tendencia que no se modifica pese a los años. “Lo mismo le dieron al secuestrador de mi nieto y al de Carla” (Rutilo Artés, una hija de desaparecidos que fue restituida en 1985). Victoria Donda, nieta recuperada y legisladora, hizo una comparación: “A un pibe que sale a robar le dan más pena que al que robó una vida durante mas de 20 años”. María Eugenia, que habló muy poco con los medios (sólo dio una entrevista a Página/12 y ofreció una conferencia de prensa), pidió que no se confunda a sus apropiadores con padres adoptivos. “La pregunta es si una persona que robó a un recién nacido, que le ocultó que fue robado, que tal vez secuestró o torturó a sus padres, que lo separó de ellos y de su familia, que le mintió siempre respecto de sus orígenes, que –más frecuentemente de lo que cada uno quiere pensar– lo maltrató, humilló, engañó, si una persona que hizo todo o algo de todo esto puede saber y sentir qué es el amor filial. Yo respondo que no, que el vínculo con este tipo de personas queda determinado por la crueldad y la perversió

martes, 1 de abril de 2008

“Masacre de Fátima”, Estas víctimas fueron dinamitadas.


Comienza el juicio oral por la "Masacre de Fátima"

Enmarcado en la "megacausa" del Cuerpo Primero del Ejército, comenzará el debate el 29 de abril próximo.

Se trata de la Masacre de Fátima, en la que se investiga la muerte de 30 personas que estaban detenidas en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, hecho ocurrido en el partido bonaerense de Pilar el 20 de agosto de 1976 durante la dictadura militar.

La causa sobre la Masacre de Fátima fue elevada a juicio por el juez federal Daniel Rafecas en febrero del año pasado, y ahora estarán sentados frente al Tribunal Oral Federal 5 los acusados Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Angel Trimarchi.

La noche del 19 de agosto, un grupo militar efectuó un control caminero sobre la ruta 9, en Pilar, mientras aviones sobrevolaban el área. A las 4 de la madrugada del 20, una camioneta y un furgón llegaron al lugar y a los pocos minutos se escuchó una fuerte explosión.
A la mañana, el espectáculo era macabro: restos humanos se esparcían en un radio de cien metros. El área fue cercada por soldados mientras los restos de los cuerpos dinamitados eran cargados en un camión municipal. Según el parte policial las víctimas eran treinta: 10 mujeres y 20 hombres.
El informe judicial dice que los cadáveres presentaban balazos en la cabeza, tenían las manos atadas y los ojos vendados.
Cinco cuerpos fueron identificadas.Los otros 25 fueron inhumados como N.N. en el cementerio de Derqui. La Junta Militar, mediante un cínico comunicado expresó que "repudia el vandálico hecho, atribuible a la demencia de grupos irracionales que pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior.

Según el testimonio el policía Víctor Luchina la noche que trasladaron a 30 personas: "Apagaron todas las luces. Sólo quedaron encendidas las del ascensor y la playa de estacionamiento. Recuerdo que los detenidos eran 30 porque fueron contados. Algunos venían envueltos en mantas, parecían estar muertos; otros venían tambaleándose como drogados". Mientras cargaba los cuerpos en un camión, le comentaron: "Estos se van para arriba".

Las víctimas fueron, Inés Nocetti, Ramón Vélez, Angel Leiva, Alberto Comas, Conrado Alsogaray, Susana Pedrini de Bronzel, José Bronzel, Selma Ocampo, Haydeé Cirullo de Carnaghi, Norma Frontini, Jorge Argente, Carmen Carnaghi, Horacio García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Pargas y Ricardo Herrera Carrizo, mientras que la identidad de los 14 restantes aún no fue determinada.

Los acusados son el ex oficial Gallone, jefe de uno de los grupos que actuaba en la Superintendencia y se encargaba de las detenciones ilegales; Timarchi, del Departamento de Sumarios y Lapuyole, el jefe de inteligencia de Coordinación Federal, como también llamaban a la Superintendencia.