Un detenido por la Masacre de Margarita Belén

Interpol Argentina capturó al sargento mayor Norberto Tozzo, a quien se le imputan 15 muertes en la cárcel de máxima seguridad de Chaco.

Después de dos años de estar prófugo fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, el ex capitán del Ejército Norberto Tozzo, el único militar que permanecía prófugo en la causa por la masacre de Margarita Belén ocurrida durante la última dictadura militar.
La operación estuvo a cargo de Interpol argentina y contó con la colaboración de personal de la misma fuerza del país vecino. El represor quedará detenido hasta que la Justicia argentina realice los trámites de extradición.
"Tozzo estuvo detenido junto a los otros responsables de la masacre durante un mes en el año 2003, pero un fallo improcedente e irresponsable de la Cámara Federal de Resistencia ordenó liberar a los militares sin ningún tipo de recaudos", dijo el fiscal federal de Chaco, Jorge Auat, a cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Auat señaló que "en el 2005 se reabrió la causa y la Justicia volvió a ordenar la detención de todos los militares implicados, pero el único que se fugó fue Tozzo". El fiscal además anticipó que con la detención de Tozzo, "la causa de Margarita Belén está próxima a ser elevada a juicio oral".
Tozzo era el único de los 10 militares imputados por los 22 asesinatos en la localidad chaqueña de Margarita Belén, ocurridos el 12 de diciembre de 1976, que aún no había sido ni detenido ni procesado pero que tenía pedido de captura nacional e internacional por haber participado de la tortura y posterior de los militantes de la Juventud Peronista.
Actualmente diez militares implicados están procesados y detenidos por esta causa, la mayoría de ellos alojados en la Unidad Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo. Se trata de los ex oficiales del Ejército, Jorge Carnero Sabol, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Luis Patetta, Athos Renés, Ricardo Reyes, Germán Riquelme y Ernesto Simoni, y de los oficiales de policía de Chaco Carlos Carballo y Alberto Chas.
De la masacre participaron efectivos de la Policía del Chaco, el Ejército, colaboradores civiles y miembros del Poder Judicial, que respondían al jefe de la Brigada de Infantería VII, general Cristino Nicolaides.
La causa se inició en 1984, cuando los familiares de las víctimas hicieron su primera presentación judicial. Luego, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida el proceso se paralizó hasta el 8 de marzo del 2003 cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar. La causa se tramita actualmente en ese juzgado federal.