Procesan a Barreiro PEDIMOS CARCEL COMUN para que no tenga la posibilidad de suicidarse o ser suicidado

Procesan a Barreiro

El 5 de marzo la jueza Federal Cristina Garzón de Lascano dictó el procesamiento, prisión preventiva y embargó por $200.000, al represor Ernesto Guillermo Barreiro en el marco de la causa Hunziker.
“El Nabo” Barreiro, que se había fugado Estados Unidos de donde fue deportado a fines del año pasado, está imputado como unos de los responsables la tortura y el posterior asesinato y desaparición de Diego Raúl Hunziker.
Desde H.I.J.O.S. expresamos nuestro profundo deseo de que los tiempos judiciales se aceleren para que Barreiro no deba pasar 25 años más sin condena, para que vaya a los estrados y diga todo lo que hizo en “La Perla”, para que no tenga la posibilidad de suicidarse -o ser “suicidado”- logrando una impunidad eterna.

Prontuario del Represor
Barreiro, también llamado “Rubio” o “Nabo” fue uno de los jefes de la patota de asesinos del centro clandestino "La Perla" participando en numerosos asesinatos, torturas y secuestros.
Representante del sector más reaccionario que asaltó los poderes del Estado en 1976. De ideología nazi, se identificaba con la derecha peronista. Antisemita, odiaba a los judíos y tenía un fuerte desprecio de “clase” hacia los trabajadores. En La Perla se transformó en uno de los especialistas en torturas más denunciado por los sobrevivientes y recordado por su sadismo, según numerosos testimonios de sus victimas.

Esta causa investiga el asesinato de Diego Raúl Hunziker, estudiante de 17 años que fue detenido el 3 de septiembre de 1976 y desaparecido en el Centro de exterminio “La Perla”. Estudiaba en el Colegio Monserrat y forma parte de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
El 3 de setiembre de 1976, Diego fue secuestrado en su domicilio. Al ingresar en la vivienda junto a su madre, fue interceptado por siete individuos armados, que dijeron obedecer órdenes del Tercer Cuerpo de Ejército. Entre el 3 y el 6 de setiembre de 1976 Diego Hunziker estuvo detenido en la casa de Hidráulica y posteriormente fue trasladado al centro de exterminio "La Perla".
Entre la noche del 21 al 22 de setiembre, Diego fue ejecutado extrajudicialmente luego de ser sacado de "La Perla" en uno de los llamados "operativo ventilador". Como era una costumbre en la época, los medios de prensa dieron a conocer el hecho como un enfrentamiento junto a otro joven.

Hasta el momento la Justicia Federal de Córdoba mantiene imputados y con prisión preventiva a: Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Luís Gustavo Diedrich, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Luís Alberto Manzanelli, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Jorge Ezequiel Acosta, Emilio Morard, Luís Alberto Cayetano Quijano, José Hugo Herrera, Roberto Nicandro Mañai, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero. También se imputa al ex prófugo detenido en EEUU y deportado a nuestro país Ernesto Guillermo Barreiro, e imputaba a Juan Bautista Sasiain, fallecido. Están acusados por homicidio, tormentos y privación ilegítima de la libertad.

La estrategia de los militares apunta a dilatar lo máximo posible los procesos judiciales, para lo cual sus defensores presentan apelaciones y recursos de todo tipo a los fines de demorar el inicio de los juicios.
Puntualmente, en esta causa, al igual que en la causa Brandalisis, la defensa de los militares interpuso un recurso de casación, con lo cual la resolución se está tramitando en la Cámara Nacional de Casación Penal y esperamos que su resolución se efectivice en el curso de este año.

En esta causa representamos como querellantes a la familia Hunziker.

Reiteramos nuestro pedido a la justicia federal de Córdoba, de que todos los represores (militares, policías y civiles) detenidos por violación a los DDHH durante la dictadura sean enviados a cárceles y no a unidades de sus mismas fuerzas como hasta el momento.
Son numerosas las denuncias que recibimos, que hacen constar los beneficios (teléfonos celulares, visitas sin control, etc) a los que acceden estos genocidas, lo cual pone seriamente en peligro la integridad física de jueces, fiscales, abogados y testigos.